Tras el "receso" del Congreso llega el turno de definir varios proyectos de ley clave para las empresas

Durante este año legislativo hubo pocas sesiones. Sin embargo, éstas permitieron la sanción de nuevas normas que afectana las compañías. Además, existen otras iniciativas que prometen una agitada discusión parlamentaria. ¿Cuáles son?

En un año con poco movimiento parlamentario, unas pocas sesiones permitieron la sanción de leyes clave para las empresas, especialmente, en lo que respecta a las relaciones laborales.

En este contexto, antes de las elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias previstas para el 14 de agosto, tendrá lugar una reunión plenaria el miércoles 27 de julio.Originariamente, estaba prevista para el 13 de este mes, pero finalmente fue postergada por el Senado.

Todavía persisten los interrogantes sobre si se podrá reunir quórum, considerando que se llevaría a cabo tres días después de la elección de Santa Fe y cuatro días antes del ballotage porteño del 31 de julio. No obstante, existen expectativas sobre los proyectos que podrían tratarse.

Entre las iniciativas que se convirtieron en ley se encuentra la referida a las empresas de medicina prepaga. La flamante norma se encuentra a la espera de ser reglamentada en el corto plazo para poder entrar plenamente en vigencia. En este sentido, resulta clave puntualizar aspectos tales como el tratamiento de las enfermedades preexistentes, los criterios para la aplicación de aumentos y lo relativo a la admisión de personas mayores y la determinación de tarifas diferenciales. Estos aspectos deberán ser definidos por el Ministerio de Salud.

En tanto, también fue aprobada la norma que permite a las empresas que están al borde de la quiebra transformarse en cooperativas de trabajo. A partir de ella, los empleados de firmas recuperadas tendrán un rol sumamente importante y más activo respecto del que tenían antes de la nueva ley.

Por otra parte, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de lucha contra el lavado de activos provenientes de ilícitos. Tras su aprobación, se generó una fuerte expectativa en cuanto a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no sancione a la Argentina, luego de que con la reforma se tipificara al lavado de dinero como delito autónomo.

Estas dos últimas normas serán complementadas por nuevas leyes, denominadas "correctivas" por los legisladores, para aclarar ciertos puntos oscuros que pueden generar problemas interpretativos.

Adicionalmente, la Cámara alta también aprobó en general el proyecto que modifica el régimen laboral de empleadas domésticas, que incluye al personal de limpieza y de mantenimiento de una casa particular, pero también a los acompañantes o cuidadores no terapéuticos de personas enfermas o con discapacidad. El debate en particular se pospuso debido a que no existe acuerdo respecto de dos puntos sustanciales: el régimen de minoridad y el de licencias.

A la espera de definiciones también se encuentran varios proyectos de ley que ya fueron aprobados por una de las cámaras y que, en caso de sancionarse, impactarán fuertemente en el mundo empresario, tales como la inclusión de las sumas no remunerativas en el salario y la prohibición de trabajar los fines de semana, entre otros.

En materia de consumo, también aguarda su turno de debate la iniciativa que apunta a unareforma casi integral de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) que busca que los clientes cuenten con mayores certezas al momento de adquirir productos y contratar servicios.

Los proyectos con media sanción

Con respecto a las propuestas que ya cuentan con media sanción, en alguna de las dos cámaras del Congreso, las más destacadas en cuanto a las relaciones laborales se refieren a:

La reducción de la jornada laboral: la Cámara de Diputados aprobó una propuesta parlamentaria por la cual estará prohibido reducir la jornada de trabajo sin causas que lo ameriten. Por ello, las empresas ya no podrán fragmentarla, de acuerdo a sus necesidades productivas. Esto significa que no podrán recortarla sin mediar causas extremas o relacionadas con el rubro del empleo en cuestión.

El incremento de las multas en caso de empleo en negro o registración deficiente:se propone modificar la Ley 25.323, que establece que las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo sean aumentadas al doble en estos casos. El proyecto busca que las compañías paguen un resarcimiento equivalente al de un despido sin causa, por falta de registración de los empleados o si estos estuvieran en situación irregular. 

Asimismo, dicho resarcimiento no tendría tope y resultaría adicional a las indemnizaciones que pudieran derivarse de la quiebra del empleador, fuerza mayor, entre otros. 

Los legisladores intentan así extender la protección que establece la Ley 25.323, para quienes estén amparados por la LCT, hacia los dependientes comprendidos en diferentes estatutos como, por ejemplo, construcción, encargados de edificios, periodistas, entre otros. 

Glauco Marques, socio de Adrogué, Marques, Zabala & Asociados, destacó que "si se llega a transformar en ley, el incremento se extenderá a cualquier indemnización y rubro salarial, sin contemplar el motivo por el cual el empleador pudo dejar de haber abonado esos conceptos".

La ampliación del régimen de licencias por maternidad o paternidad: la iniciativa fue aprobada por el Senado. Apunta a extender la protección contra despido arbitrario a los padres, durante un determinado período anterior y posterior al nacimiento. En la actualidad, las madres son las únicas que cuentan con dicha protección.

Además, toda empleada madre de un lactante podrá disponer a su elección de una hora de lactancia en el transcurso de la jornada de trabajo, pudiendo usar este descanso ya sea en forma entera dentro de la jornada, dividiéndolo en dos períodos, o postergando o adelantando en media hora o en una hora el inicio o el término de la jornada laboral.

La prohibición de trabajar sábados y domingos: el proyecto, aprobado por la Cámara alta, pretende que no se presten tareas laborales entre las 13 del sábado y las 24 del domingo, con excepción de aquellas situaciones previstas legalmente, que conllevarán, además del pago del incremento del 100% de la jornada, el otorgamiento de un franco compensatorio para el empleado a partir de la semana subsiguiente.

Las sumas no remunerativas: en este caso, el proyecto cuenta con media sanción del Senado y pretende eliminar a las sumas no remunerativas, acordadas en distintos convenios colectivos de trabajo, del sueldo de los dependientes, de forma gradual desde 2011 y definitivamente a partir de 2012. La propuesta nació como producto de un acuerdo entre el senador radical Eugenio Artaza y el diputado oficialista y asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde.

La iniciativa establece que desde 2011 "toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores, que se establezca en convenios colectivos (CCT) o acuerdos de igual naturaleza, tendrá carácter remunerativo". En caso de aprobarse, elevará de manera considerable los costos laborales, ya que deberán pagarse más aportes y contribuciones a la seguridad social.

Iniciativas con dictamen de comisión

Pero también preocupan a los empresarios algunos proyectos que aún no llegaron al recinto y que cuentan con dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, entre ellos se pueden mencionar los referidos a:

Tercerización: la iniciativa podría dar punto final a la tercerización, tal como se la concibe en la actualidad.

El proyecto de ley apunta a responsabilizar "solidariamente" a la empresa principal por los empleados que están en la nómina de firmas subcontratadas y que prestan servicios para la primera, por todo tipo de prestación, sea ésta esencial o no a la actividad principal de la firma.

En este escenario, la contratista podría enfrentar litigios de todo tipo, por cuestiones de la relación de empleo -propiamente dicha- como así también por aquellos vinculados con accidentes laborales, de trabajadores que se desempeñan en áreas de limpieza, seguridad, transporte, mensajería, call centers, consultoría y todo tipo de tareas que la firma subcontrata.

Vacaciones: el diputado Héctor Recalde impulsa una iniciativa que busca introducir cambios en las licencias por vacaciones y aumentar el mínimo a 21 días corridos, en lugar de los 14 vigentes.

Se estipula que el empleado gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado, tal como se detalla a continuación:

a) 21 días corridos, cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 10 años.  b) 28 días corridos, cuando siendo la antigüedad mayor de 10 años no exceda de 20.  c) De 35 días corridos, cuando la antigüedad exceda de 20 años.

Intereses a tasa activa: se trata de una propuesta centrada en la tasa aplicable para calcular los intereses correspondientes a un monto indemnizatorio a pagar, que haya sido determinado en el marco de un juicio.

Su aplicación implicaría alejarse de los criterios actuales de apreciación judicial e incrementar el monto del resarcimiento.

Hoy en día, son los propios jueces los que -ya sea por la petición de las partes o su propio criterio- eligen aplicar la tasa activa o la pasiva, situación que genera incertidumbre. La primera, es la que reciben los bancos por los préstamos que otorgan y es mayor que la pasiva, que es la que pagan las entidades a los ahorristas que dejan allí sus depósitos.

Defensa del consumidor: por otro lado, se espera que el Congreso debata un proyecto que reunió varias iniciativas tendientes a mejorar la Ley de Defensa del Consumidor vigente.

Como punto destacable, la iniciativa pretende incorporar la "acción de cesación", que se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a terminar determinada conducta y a prohibir su reiteración futura y podrá ejercitarse mientras dure la referida conducta que lesione, restrinja o amenace derechos e intereses de consumidores y usuarios.

Además, se busca ordenar en el ámbito procesal la posibilidad de multiplicidad de acciones, en vía administrativa y judicial, exigiendo que exista comunicación de las actuaciones.

También pretende que las desarrolladas en el marco de dicha ley, cuenten con el beneficio de litigar sin gastos.

En tanto, el consultor Alejandro Chamatropulos, sostuvo que "esta modificación a la LDC es bienvenida, ya que todo lo relacionado con el consumo es una materia muy dinámica, que exige un constante aggiornamiento de la legislación aplicable".

"La creciente utilización de la tecnología en la relación proveedor-consumidor necesita, forzosamente, una regulación legal y resulta correcto avanzar normativamente asimilando la nueva realidad", destacó.

Para el especialista, resulta muy interesante el agregado relacionado con la incorporación de la obligación de informar cuando se distorsiona una imagen, ya que es una de las primeras medidas concretas para regular las publicidades, las cuales, hoy en día, carecen de un marco.

Por Sebastian Albornos 

Fuente:  legales.iprofesional.com

Escenario laboral 2011: los empresarios revelan cuáles son sus principales preocupaciones

En un año electoral, en el que marzo será clave para las paritarias y aumentos salariales y donde la inflación se hará sentir en las empresas, los hombres de negocios se encontrarán con diversos desafíos. Expertos develan qué les depara a las compañías y cuál es el cuadro de situación actual

Ya comenzó el 2011 y los empresarios son concientes de que se enfrentan a un año que presentará importantes desafíos.

En la lista de "preocupaciones" se encuentran los reclamos salariales y los futuros aumentos que tendrán que otorgar las compañías, como producto de las paritarias, laincidencia que tendrá la inflación para las firmas, las implicancias que traerán los crecientes conflictos derivados de regímenes como el de tercerización y riesgos del trabajo vigentes, los posibles efectos propios de cambios normativos, resultantes de numerosos proyectos de ley que ya están en el seno del Congreso, entre otras.

En este escenario, se suma la incertidumbre característica de un año electoral y, en caso de tener juicios pendientes por despidos, la posibilidad de tener que afrontar costos laborales superiores a las previsiones de las empresas, a raíz de la disparidad de criterios de la Justicia al emitir sentencias sobre una misma materia.

Expertos consultados por iProfesional.com explicaron por qué estos son los ejes temáticos que estarán instalados en la agenda empresarial.

Paritarias y aumentos salariales

Marzo será el mes clave en materia de negociaciones salariales, si bien algunos sectores ya llegaron a un acuerdo sobre las subas para el 2011, a fines del año pasado, y otros comenzarán el debate en febrero.

Se estima que los incrementos difícilmente sean inferiores al 25%. En cambio, no está previsto, por el momento, techo alguno.

En este sentido, resulta clave destacar que, a los fines de arribar a un acuerdo, varios gremios ya no usarán las subas generalizadas de precios, que difunden las consultoras o el INDEC, sino la que se conoce como "inflación del supermercado", que supera en 10 puntos el índice promedio.

Julio Stefanoni Zani, socio de Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h), explicó que el horizonte de negociación no podrá extenderse demasiado porque, "debido a la inflación" luego se hace necesario "reabrir las negociaciones".

En tanto, Oscar Lescano, dirigente del sindicato Luz y Fuerza, señaló que "es difícil, con un alza de precios que se calcula será cercana al 30%, que los sindicatos firmen por una cifra más baja. Porque, además de la inflación del 2011, también hay que mirar lo que ya perdimos en el 2010 y tenemos que recomponer".

Conflictos sindicales y tercerización

Otro de los focos de atención pasa por la creciente conflictividad laboral.

Los asesores de empresas, consultados por este medio, aconsejaron "no desatender losreclamos de encuadre sindical, la tercerización, y la problemática de no contar con reglas claras, por ejemplo, a la hora de otorgar beneficios no remunerativos o de calcular un despido".

Al respecto, Gustavo J. Gallo, titular de Gallo & Asociados, puntualizó que hoy preocupa "cuál será la política en torno a los actuales y futuros planteos de encuadramiento y su impacto en los costos y en el clima laboral interno".

Y aclaró que no sólo se trata de "la habitual incertidumbre acerca del monto y de la determinación de los salarios sino también de la frecuente pretensión sindical de reformular cada actividad para hacerla propia ".

Por otra parte, con relación al polémico régimen de tercerización, Esteban Carcavallo, socio del Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, afirmó que "es una herramienta creada por cambios tecnológicos y procesos comerciales". Y agregó que "resulta difícil ir en contra de la corriente y buscar su eliminación".

En la misma línea, Federico Basile, socio del estudio M&M Bomchil, remarcó que "no se puede legislar para un caso específico, pero muchas veces se lo hace en represalia a un sector determinado. Pensar una reforma tan sustancial es ir contra la modernidad, las empresas no pueden dedicarse a todo".

Pese a la manifiesta necesidad de las compañías, es indudable que los reclamos por inequidades salariales, entre quienes pertenecen a la planta permanente de las empresas y quienes son trabajadores tercerizados, existen.

De hecho, en el Congreso avanzan varias iniciativas que abordan esta problemática y ponen foco en la cadena de responsables solidarios en caso de juicios laborales.

Stefanoni Zani advirtió que "no es que el trabajador le atribuye responsabilidad solidaria a la empresa principal, sino que pretende que se establezca que sea éste su empleador directo, sin importar que esté registrado en otra".

"Estamos hablando de un recargo indemnizatorio gigantesco, que si prospera la compensación, pasa a ser de cuatro o cinco veces la común. Se suele invocar en las demandas que son empleados directos del que utilizó su servicio, mediante la interposición de personas ", destacó el experto.

¿Una nueva Ley de Riesgos del Trabajo?

Tras los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declararon como inconstitucionales ciertos aspectos fundamentales de la Ley de Riesgos de Trabajo, la norma quedó herida de muerte.

A partir de entonces, las cuestiones vinculadas con asegurar a un empleado y la real cobertura que la empresa obtiene de su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)comenzaron a navegar en un mar de incertidumbres.

El Gobierno convocó, en varias oportunidades, a empresarios y sindicatos para consensuar los cambios necesarios, con el fin de dar un nuevo marco al sistema. 

Ante la falta de acuerdos, en noviembre de 2009, mediante un decreto (1694/09) el Ejecutivo optó por establecer un nuevo piso indemnizatorio de $180.000 a los efectos del cálculo de reparación por accidentes.

Sin embargo, aún existen dos cuestiones clave pendientes de resolución, que mantienen en vilo a todos los hombres de negocios: una de ellas tiene que ver con la doble vía.

Es decir, que el empleado pueda ser resarcido por la ART y, a su vez, si el monto pagado no cubre sus necesidades, éste mantenga la puerta abierta para iniciarle a la compañía una demanda civil para reclamar un monto adicional.

La otra cuestión pendiente de reforma está vinculada con los accidentes in itínere, en cuanto a si el empresario debe hacerse cargo, o no, de los que pudiera sufrir el empleado en su camino al trabajo. 

Es así como la actual normativa quedó sumamente difusa.

"Esto conlleva a un incremento inevitable de los costos laborales", destacó Basile.

"Hoy, el trabajador accede a la prestación de la ART y aún así puede ir por más. Se siente insatisfecho e inicia un litigio -ya que la doble vía sigue vigente-", aseguró.


Incremento de los costos laborales

En la actualidad, las empresas se ven envueltas en una gran incertidumbre a la hora de disponer el despido de un empleado, en lo que respecta a la indemnización que finalmente tendrá que pagar si el dependiente decidiera hacerle juicio.

En este escenario, expertos estiman que el 95% de los litigios son previsionados como inciertos, en la calificación que se solicita a auditores para poder cerrar balances y presupuestos.

"Tal como están dadas las circunstancias, se hace difícil darle a un accionista del exterior asesoramiento confiable y el local, no lo entiende. Se hace prácticamente imposible conocer algo que va a suceder como mínimo en tres años, como ocurre con el monto a pagar por una indemnización, sumado a que, en ese lapso, puede cambiar la jurisprudencia o la ley", destacó el abogado de M&M Bomchil.

En este contexto, un tema que preocupa y que puso en jaque a las empresas es la modificación de dos pilares básicos en materia laboral: el despido libre y el costo tarifado.

Con respecto a la primera cuestión, existe un abanico de situaciones donde los jueces, generalmente, resuelven a favor de los dependientes. Por ejemplo, cuando se trata decesantías de empleadas embarazadas o trabajadores accidentados.

Pero también hay otro tipo de reclamos que, en la actualidad, están tocando las puertas de los tribunales y tienen que ver con casos de discriminación laboral. Si el despido recayó sobre un gremialista, la normativa vigente establece que el mismo es nulo y se termina obligando a la firma respectiva a restituir en su empleo al trabajador cesanteado.

De esta forma, los empresarios no sólo ven incrementadas las indemnizaciones a las que son condenados a pagar sino que también se encuentran, de alguna manera, "limitados" a la hora de resolver una desvinculación.

"Ha cambiado la matriz laboral, o como mínimo se puso en crisis", indicó Stefanoni Zani.

"Triunfó una posición que hace que cualquier persona, que ejerza cualquier tipo de actividad sindical, y que fue despedida, vaya a invocar la discriminación y a pedir inmediatamente su incorporación a la empresa", sostuvo el abogado.

De hecho, esto fue lo que resolvió la Corte Suprema, a principios de diciembre de 2010, cuando el máximo tribunal ordenó a la firma Cencosud -empresa que explota los hipermercados Easy y Jumbo, el shopping Unicenter y los supermercados Disco-reincorporar a sus puestos de trabajo a un grupo de empleados luego de considerar que las cesantías fueron producto de un acto de discriminación.

En la causa, los magistrados sostuvieron que la Ley 23.592, que penaliza los actos discriminatorios, resulta aplicable a los empleados del sector privado que no gozan de protección sindical, sentando así un importante precedente de alto impacto para las empresas.

Empleados fuera de convenio

Otra de las preocupaciones de los hombres de negocios, de cara al nuevo año que acaba de comenzar, tiene que ver con el llamado "solapamiento salarial".

Sucede que las compañías se ven forzadas a reforzar sus políticas de beneficios para todos aquellos empleados que no están amparados por los convenios colectivos de trabajo, de modo de evitar una situación de descontento respecto de los dependientes que recibieron aumentos salariales como resultado de las paritarias del sector que los nuclea.

Hoy en día, es frecuente que las empresas se enfrenten con sueldos rezagados respecto a la inflación real y solapamientos salariales entre jefes y subordinados, en la medida que no se otorgue una compensación.

Sin embargo, los expertos consultados por iProfesional.com advirtieron que el otorgamiento de beneficios podría transformarse en un arma de doble filo para las compañías.

Esto es así porque, cada vez con mayor frecuencia, la Justicia considera que los beneficios otorgados a los empleados, más allá del sueldo, formen parte de la liquidación final en casos de despido.

En este sentido, los magistrados suelen otorgan carácter remunerativo a conceptos tales como la cobertura médica, comisiones, viáticos y el teléfono móvil, incrementando así los costos laborales derivados de una cesantía.

"Si se quiere desvincular a un empleado hoy no se tiene idea de cuánto puede llegar a costar. Hace unos años se calculaba con precisión", explicó Stefanoni Zani.

"La indemnización final hay que multiplicarla por cinco veces o más", indicó el experto.

Un tema que se viene: el reparto de ganancias entre empleados

"Hay preocupación por esta iniciativa ya que el Gobierno la va a utilizar para presionar al empresariado", sostuvo Carcavallo, al referirse al proyecto de ley que propone que los empleados participen de las ganancias de las empresas.

El diputado Héctor Recalde, autor de la iniciativa, ingresó a la Cámara de Diputados, en septiembre de 2010, una propuesta parlamentaria que apunta a obligar a las compañías a participar a los trabajadores de sus ganancias, siempre que empleen más de 300 personas. 

No obstante, en el futuro, se incorporarían también aquellas que no alcanzaran ese número.

Al respecto, Recalde aseguró que este proyecto "no va a generar desempleo" y remarcó que, de ninguna manera es "inoportuno".

Y advirtió: "En ningún caso está previsto que un legislador, antes de redactar una iniciativa,tenga que consultar al sector empresario", respondiendo así a las críticas que recibió de parte de las cámaras empresariales.

Por Daniela San Giovanni

Fuente:  iprofesional.com